El negocio del arbitraje del fútbol colombiano: ¿Justicia? Las cifras que rodean a los jueces del FPC

En el fútbol, el error es parte del juego, pero cuando el bolsillo de los protagonistas sube y la calidad baja, el debate deja de ser deportivo para volverse financiero. Para este 2026, los árbitros de la Liga BetPlay han recibido un ajuste salarial del 6 %, situando los honorarios del juez central por encima de los $3 millones por partido. Sin embargo, este incremento llega en el momento más crítico para el gremio: tras apenas ocho jornadas, las polémicas decisiones del VAR y las "manos negras" denunciadas por directivos y técnicos sugieren que, aunque hoy cobran más que nunca, la justicia en el campo parece estar en rebaja, lo que nos obliga a plantearnos: ¿es el problema la falta de capacitación o simplemente una crisis de liderazgo que ni los mejores sueldos pueden corregir?

En este sentido, las cifras reveladas por el analista José Borda muestran una estructura de pagos que, para el contexto nacional, resulta envidiable por solo 90 minutos de labor. Mientras un ciudadano promedio lucha contra la inflación, un árbitro central se embolsa $3.075.000 por encuentro, sin contar los viáticos. No obstante, el rendimiento en cancha no parece ir de la mano con el IPC. Errores groseros en partidos como Inter vs. Millonarios o las polémicas de Wilmar Roldán en El Campín han dejado una sensación de inseguridad jurídica en el torneo, planteando el desafío de si la Dimayor debería condicionar estos aumentos a evaluaciones de desempeño más rigurosas.

Por otro lado, la brecha entre el pago local y el internacional sigue siendo el gran motor de los jueces. Si bien en Colombia las cifras han subido, palidecen frente a lo que paga la Conmebol. Un árbitro de élite puede pasar de ganar 3 millones en un clásico local a facturar hasta $74 millones (US$20.000) por pitar una final continental. Esta diferencia de "estímulo" económico genera una duda razonable en la hinchada: ¿están nuestros árbitros guardando su mejor nivel solo para cuando los dólares están de por medio, dejando las sobras de su criterio para el rentado nacional?

Asimismo, la crisis de calidad técnica se ve agravada por la falta de transparencia administrativa. Carlos Mario Zuluaga, presidente de la Dimayor, ha defendido la decisión de no publicar todos los audios del VAR bajo el argumento de la "seguridad" de los jueces. Esta postura ha sido recibida con hostilidad por dueños de equipos como Tulio Gómez, quien no dudó en calificar de "grosería" los 12 minutos de adición en el reciente Junior-América. El hermetismo solo alimenta las teorías de conspiración en un país donde la reanudación del juego y el uso del monitor parecen obedecer a criterios subjetivos y no al reglamento, dejando en el aire una pregunta vital para los analistas: ¿por qué en las ligas top del mundo la transparencia es la regla y en Colombia sigue siendo un privilegio "peligroso"?