La carnetización del fútbol colombiano vuelve a estar en el centro del debate después de los recientes hechos de violencia en los estadios. Entre 2017 y 2018 fueron enrolados 243.600 aficionados, quienes pagaron $12.000 por el proceso. Esa multiplicación representa cerca de $2.923 millones pagados por los hinchas, aunque esa cifra no significa que todo ese dinero haya quedado directamente en manos de Dimayor. El verdadero problema es que, casi una década después, el sistema que debía utilizar esos registros para identificar y controlar a los violentos sigue sin funcionar de manera integral
Un proyecto que prometía mucho más que un carné
La iniciativa comenzó con una idea clara: saber quién entraba a los estadios y poder individualizar a los responsables de actos violentos. El carné era solamente la primera parte de un proyecto que contemplaba tecnología biométrica, reconocimiento facial y controles de acceso.
Dimayor planteó que el sistema permitiría registrar a los aficionados y posteriormente cruzar esa información con herramientas tecnológicas instaladas en los escenarios deportivos. Así, una persona sancionada podría ser identificada y bloqueada para futuros partidos.
El problema fue que esa segunda etapa nunca se implementó de manera generalizada.
Miles pagaron, pero el sistema quedó incompleto
Durante los primeros años el proceso avanzó en diferentes ciudades. Dimayor llegó a reportar miles de aficionados enrolados de clubes como América, Millonarios y Santa Fe, mientras se planteaba extender progresivamente la obligatoriedad del documento.
Pero tener registrado al hincha no era suficiente.
Sin cámaras, lectores biométricos y sistemas conectados con las autoridades, el carné perdía buena parte de su utilidad. El proyecto terminó quedándose a medio camino entre el registro de aficionados y el verdadero sistema de seguridad que se había prometido.
Además, el componente económico siempre estuvo dividido. Dimayor explicó que asumía el enrolamiento y la carnetización, mientras que la adecuación tecnológica de los estadios requería recursos de otras entidades. En 2017 incluso se hablaba de inversiones cercanas a $18.000 millones para desarrollar esa infraestructura.
La plata volvió a generar preguntas
La discusión económica tampoco desapareció.
En 2024, Fernando Jaramillo, entonces presidente de Dimayor, aseguró que los recursos relacionados con la carnetización permanecían en un rubro específico y que existía un remanente después del pago al operador. También señaló que debía definirse cómo utilizar ese dinero dentro de un nuevo sistema de identificación.
Por eso, no sería correcto afirmar que los cerca de $2.923 millones calculados a partir de los pagos de los aficionados simplemente desaparecieron.
La pregunta más incómoda es otra: ¿por qué un proyecto que involucró a cientos de miles de hinchas nunca terminó convertido en una herramienta efectiva contra la violencia?
Casi diez años después, la misma solución
La contradicción quedó nuevamente expuesta en 2026.
Después de los últimos episodios de violencia alrededor del fútbol colombiano, la carnetización volvió a aparecer entre las alternativas para identificar a los responsables y aplicar restricciones de ingreso.
El problema es que esta no es una propuesta nueva. Colombia ya intentó construir este sistema hace casi una década.
Y si ahora vuelve a plantearse, el desafío será demostrar que esta vez no terminará nuevamente en un registro de aficionados sin tecnología suficiente para utilizarlo.
Los hinchas ya hicieron su parte: cientos de miles se registraron y pagaron. Ahora corresponde explicar qué falló, qué ocurrió con el proyecto y, sobre todo, cómo se garantizará que la nueva carnetización sí sirva para sacar de los estadios a quienes utilizan el fútbol para ejercer violencia.
